Hay que regularizar a los trabajadores inmigrantes
y los puestos de trabajo que desempeñan

El Gobierno condena a los inmigrantes,
a vivir y trabajar en la economía sumergida

La ausencia de una política de migración adecuada está condenando a los inmigrantes que están en nuestro país a la economía sumergida. El mal llamado “proceso de regularización por arraigo” sólo ha permitido que a 122.310 extranjeros se les reconozcan sus derechos como residentes en nuestro país. Por ello, UGT insiste en que es necesario establecer un mecanismo que permita regularizar no sólo a los trabajadores sino también los puestos de trabajo que están desarrollando, se evitaría así la política permisiva con el empresario infractor y, al mismo tiempo, se beneficiaría al conjunto de la sociedad.

 

Nueve meses después de cerrarse el mal llamado “proceso de regularización por arraigo”, el Gobierno hace públicos los datos sobre el estado de la tramitación de las solicitudes presentadas por los ciudadanos extranjeros: de las 346.166 presentadas se han resuelto 234.188 solicitudes y quedan pendientes 111.978.

UGT considera positivo que 122.310 extranjeros hayan accedido a la regularidad en el marco del mal llamado proceso de regularización por arraigo, sumándose a los más de 250.000 regularizados de los procesos anteriores, llevados a cabo entre el año 2000 y 2001. La situación administrativa regular les permitirá ser considerados como sujetos de los derechos que nuestra normativa concede a los extranjeros residentes en nuestro país.

Pero este hecho positivo (que para estos ciudadanos significa el comienzo de una estabilidad legal y laboral) queda truncado por la ausencia de una política de inmigración adecuada. Una política que permite que pasen más de nueve meses sin que las solicitudes se resuelvan en un sentido u otro, tanto en el marco de este proceso de arraigo, como en el régimen general. Esto significa, en la práctica, que durante el tiempo que tardan en resolverse las solicitudes, estos ciudadanos siguen trabajando en la economía irregular; y lo seguirán haciendo los 111.000 cuyas solicitudes aún no han sido contestadas. Todo ello nos puede llevar a suponer, puesto que no encontramos ninguna otra razón, que el cierre del régimen general, decidido por el Gobierno aprovechando la apertura del contingente, tiene como objetivo que no se incremente el número de solicitudes presentadas, para que no sea tan evidente la falta de voluntad política de adaptar los medios humanos y materiales de las oficinas de atención al volumen real de la inmigración en este país.

Por otra parte, las declaraciones del Delegado del Gobierno, en el sentido de que la regularización por arraigo era la ultima oportunidad de acceso a la documentación para los irregulares que se encuentran en España, no es más que un reflejo de la política ciega y permisiva del Gobierno en esta materia. Ciega y permisiva, especialmente en lo que se refiere al ámbito laboral, porque tanto los inmigrantes que vean rechazadas sus solicitudes como los que hayan llegado recientemente a nuestro país, trabajarán en la economía sumergida.

¿Qué sucederá cuando nuevamente alcancemos un volumen de población irregular importante? UGT ha propuesto y sigue proponiendo como una medida necesaria la existencia de un mecanismo que permita el acceso a la regularidad no solo de los trabajadores sino también de los puestos de trabajo que estaban desempeñando. Las expulsiones, de las que oímos hablar en estos días, motivadas por el trabajo irregular, únicamente son un elemento disuasorio para el trabajador inmigrante que es expulsado, pero no para el empresario infractor; perdemos así la oportunidad de aflorar puestos de trabajo de la economía sumergida, lo que evidentemente beneficiaría al conjunto de la sociedad española.