UGT considera que es negativo el balance de la política migratoria del Gobierno durante el año 2001
23 de
enero de 2002
UGT
considera que la gestión del Gobierno en materia de inmigración durante el
primer año de vigencia de la LO 8/2000 sólo puede ser valorado negativamente. La
ausencia de una política coherente, de una intención real de regular
adecuadamente la inmigración y de facilitar la integración de los inmigrantes en
este país, es la conclusión más clara que podemos extraer de lo sucedido en el
año 2001.
Se ha
demostrado durante el año 2001 que la reforma de la LO 4/2000, era en realidad
un objetivo político para este Gobierno. Cumplido el objetivo y cuando ha
llegado la hora de aplicar la ley, y de poner en marcha el aparentemente nuevo
diseño de política migratoria, ha sido patente la ausencia de voluntad real de
resolver los problemas que hoy tienen planteados los inmigrantes y de favorecer
su integración en este país.
El
Gobierno, con sus actuaciones durante este año, ha marcado una línea
caracterizada por la ausencia de visión a largo plazo, por resolución de
problemas puntuales con medidas superficiales, y lo que es mas grave desde
nuestro punto de vista, instaurando la idea y la practica de que cuando se
refieren a los inmigrantes, las normas puede interpretarse como se quiera.
Promover acuerdos de regularización que suponían un tratamiento distinto en
función de la provincia de residencia, la ausencia de garantías jurídicas para
los solicitantes de la regularización por arraigo, son medidas que implican no
solo una voluntad de demostrar que los inmigrantes irregulares no son sujetos de
ciertos derechos, sino que producen desigualdades entre este colectivo, en
función de criterios que los autóctonos no admitiríamos, la nacionalidad o el
lugar de residencia.
Y el
último ejemplo de este peculiar modo de hacer política, han sido las
declaraciones que nunca hubiéramos esperado oír del Delegado del Gobierno,
apoyando la propuesta de la Junta de Seguridad de Melilla de expulsar a los
menores inmigrantes infractores, residentes regulares, y a sus familias. Ahora
también los derechos inherentes a una situación administrativa regular, pueden
ser otorgados o retirados a voluntad. En este contexto no es descabellado
preguntarnos para qué sirve la ley.
En el
ámbito laboral, los inmigrantes tampoco han sido afortunados. El principio de
igualdad que recoge la normativa del trabajo, se ha visto vulnerado desde el
ámbito de la extranjería. La eliminación de la cotización y la prestación por
desempleo para los titulares de determinados permisos o la intención de que el
contingente de servicio domestico tenga su propio procedimiento, eliminando para
estos trabajadores la garantía de la contratación en origen, producen
desigualdad con los trabajadores autóctonos y entre los propios trabajadores
inmigrantes.
Y no
podemos creernos que, tal como dice el Balance 2001 de la Delegación del
Gobierno, la lucha contra la explotación laboral y la ordenación de los flujos
laborales hayan sido objetivos básicos para este Gobierno. No podemos confiar en
una verdadera voluntad de construir una política migratoria laboral que
garantice los derechos de los trabajadores inmigrantes, cuando desde el mes de
Marzo de 2001 sindicatos y empresarios hemos intentado llegar a un acuerdo en
materia de inmigración laboral con el Gobierno, mas preocupado este ultimo por
la forma del acuerdo que por su fondo.
Y es
difícil leer el Balance 2001 sin preguntarse si uno de los primeros objetivos
del Gobierno no debiera haber sido terminar de una vez con el bochornoso
espectáculo de las colas ante las oficinas de tramitación, con las listas de
espera y con el retraso de hasta 10 meses en la resolución de las solicitudes.
¿Cuántas de las personas que han sido regularizadas no estaban en realidad
esperando una respuesta a una solicitud anterior?. Deberíamos preguntarnos por
qué si la lucha contra la inmigración irregular y la explotación laboral, es uno
de los objetivos del Gobierno, la propia administración condena a los
inmigrantes a esta situación, retrasando meses la resolución de sus solicitudes.
La regularización por arraigo termina en Agosto de 2001, con 346.166 solicitudes
presentadas. Si a 31 de diciembre se habían estimado 122.310 solicitudes, el
resto de solicitantes, 223.856, no están seguramente en sus casas, si las
tienen, esperando la resolución; estarán trabajando irregularmente y por lo
tanto sin derechos.
En
suma, este ha sido un año aciago para la inmigración, sin una política
migratoria coherente, que ha instaurado la práctica del trato desigual para los
inmigrantes, aunque estén en situación regular. En este contexto, no es extraño
(aunque si intolerable) que se planteen medidas como la expulsión de los menores
y sus familias, y no es extraño tampoco que sucedan hechos como el traslado
encubierto de inmigrantes a la península, desde Canarias. UGT exige una
investigación al respecto a fin de depurar responsabilidades, y se lo exigimos a
la Delegación del Gobierno para la Extranjería y la Inmigración, la misma que
considera que es aceptable expulsar a un menor infractor regular y a toda su
familia.