El encierro en la Universidad de Sevilla es una consecuencia más de los errores del Gobierno

 

Las consecuencias de una política migratoria
que fomenta el trabajo irregular

 

 

El encierro de la Universidad de Sevilla es otra de las manifestaciones de las erradas decisiones de este Gobierno en materia de inmigración. La falta de medidas que permitan la regularización tanto de trabajadores como de los trabajos que desempeñan, no hacen más que fomentar la economía sumergida. A esto hay que añadir que, según los datos del contingente y de los permisos de temporada, más del 50% de los permisos de trabajo de temporada (con una duración máxima de un año prorrogable y sin derecho a prestación por desempleo) serán concedidos a nacionales de países como Polonia y Rumanía que no son los principales emisores de inmigración hacia España. Por otra parte, la actuación de la Inspección de Trabajo, aún habiéndose incrementado, es insuficiente.

 

El cierre del Régimen General de solicitudes de permiso de trabajo y residencia, ha eliminado las escasas posibilidades de acceder a la regularidad de miles de inmigrantes, dando lugar a la perpetuación de la situación irregular de estos trabajadores y trabajadoras. No hay en el Gobierno una verdadera voluntad de resolver la explotación laboral a que se ve sometido el colectivo de trabajadores migrantes, ni de encarar con medidas efectivas, el problema de economía sumergida de este país, en el que trabajan tanto autóctonos como inmigrantes.

 

Por una parte, la política migratoria del Gobierno fomenta la inmigración irregular y la economía sumergida al conceder más permisos de trabajo a los originarios de los países que no son los principales emisores de inmigración. Este año se concederán según cifras provisionales permisos de trabajo de temporada a 5.359 trabajadores polacos y 1.164 a rumanos y ha bajado considerablemente el número de los otorgados a marroquíes (449 trabajadores). El pasado año, Polonia fue también el primer país emisor con 992 trabajadores, seguido por Marruecos con 689 y por Cuba con 446; en 2000, los principales países de origen fueron Colombia con 176 trabajadores y Marruecos con 137, y en 1999 se hizo una experiencia piloto con 35 trabajadores colombianos.

 

Con este sistema el Gobierno ha encontrado un medio para seleccionar la nacionalidad de la inmigración que quiere para España. Aunque responsabiliza de ello a los empresarios, es el Gobierno quien falta al espíritu que animaba la firma de los convenios bilaterales con Colombia, Ecuador, Marruecos y República Dominicana, países de origen de la mayor parte de la inmigración que llega a España. La principal virtualidad de los convenios y de los instrumentos de regulación de flujos como el contingente o los permisos de temporada, era ofrecer oportunidades de inmigración regular a estos países, para desincentivar la inmigración irregular. Sin embargo estos países no están recibiendo ofertas y la nacionalidad de los trabajadores se ha convertido en una característica más del puesto de trabajo a cubrir.

 

Por otro lado, los permisos de trabajo de temporada se ajustan perfectamente al diseño de mercado laboral degradado que el Gobierno está imponiendo y al tipo de inmigración que desea: que trabaje, que cotice y que se marche.

 

Estos permisos han experimentado una progresión ascendente desde los 35 trabajadores registrados en 1999 ha ido incrementándose hasta los 508 en 2000; 3.605 en 2001 y 9.146 en 2002. Estos no cotizan por desempleo. Retornan a su país finalizado el contrato, después de haber trabajado y cotizado por el resto de contingencias. Y no existen convenios bilaterales de Seguridad Social con todos los países de inmigración; en caso de ausencia de convenio, por lo que cuando retornan pierden las cotizaciones y por tanto los derechos en curso de adquisición.

 

Si nos remitimos a las cifras de las infracciones detectadas en materia de contratación de inmigrantes 2001, es posible extraer algunos datos curiosos; siendo cierto que se han incrementado la actuación de la Inspección de trabajo, no deja de ser significativo que el importe de las sanciones 36.785.919 euros y el número de trabajadores a que afectaban las infracciones 6.813, indican que la media del importe de la sanción es solo ligeramente superior a la multa mínima establecida por la normativa de extranjería. En estas condiciones, sigue siendo más rentable para ciertos empresarios utilizar trabajadores en situación administrativa irregular.