El Gobierno ha convertido la inmigración en un problema

En el día de ayer el Presidente del Gobierno ha anunciado que llevará propuestas al Consejo Europeo que se celebrará en Sevilla para combatir la inmigración ilegal. El contenido de las propuestas que ha dejado entrever en la rueda de prensa, junto con la intención de reformar nuevamente la Ley de Extranjería o las declaraciones sobre la vinculación entre inmigración y delincuencia son el mejor exponente de una política hecha contra los inmigrantes y en detrimento de la sociedad española.

 

El proceso de reforma de la LO 7/85 en el año 2000, marco el inicio de una forma de hacer política en materia de inmigración, que el Gobierno español ha encontrado muy rentable en votos y como medio de desviar la atención de los graves problemas que hoy por hoy tiene planteada la sociedad española. En el curso de estos dos años, y desde su mayoría absoluta, hemos asistido a la progresiva perdida de pudor del Partido Popular a mostrar su verdadera visión de la inmigración. Hace solo tres años, se esforzaban en hacer creíbles sus declaraciones de que la inmigración no es un problema. Hoy, pueden hacer lo que en aquella época era impensable, culpabilizar a los inmigrantes de todos los problemas que hoy por hoy tiene la sociedad española.

Es lamentable, y de una irresponsabilidad inconcebible, que el Presidente del Gobierno sea el principal emisor de mensajes que contribuyen a crear alarma social y que criminalizan a los inmigrantes. Su política no es decidida y clara, su política es hipócrita y perjudicial para la sociedad española y para sus ciudadanos sean estos autóctonos o inmigrantes. Esta generando una opinión pública contraria a la inmigración, y se empeña en presentar una España irreal en la que no existían la economía sumergida, las diferencias culturales, la delincuencia o las diferencias religiosas hasta que llegaron los inmigrantes.

Una política peligrosa que, como hoy denuncia el Instituto de Seguridad y Policía, pervierte las cifras de delincuencia para conseguir el objetivo de que la sociedad española la identifique con la inmigración, una política hipócrita, que de manera absolutamente artera, ha cerrado las posibilidades de que trabajadores inmigrantes irregulares accedan a un permiso de trabajo y residencia.

Es una lástima que el propio Gobierno no se haya propuesto, como el Consejo de Radio Televisión Española, la elaboración de un código ético sobre inmigración, noticia aparecida en los diarios de hoy. En el colmo de la irresponsabilidad, el Presidente del Gobierno dijo ayer que no es de extrañar que las personas que entran en Europa de manera irregular recurran a la delincuencia para sobrevivir.

Estamos viviendo un momento aciago para la convivencia en este país, y lo más lamentable es que ha sido propiciado por el propio Gobierno, que ha utilizado el ascenso de la ultraderecha en Europa para justificar su propia política.

Aunque no conocemos las medidas concretas que serán presentadas por el Gobierno en la Cumbre de Sevilla, nos tememos que igual que sucedió con la reforma de la anterior Ley de Extranjería, el Partido Popular hará su propia interpretación de lo decidido a nivel europeo, una interpretación que avalará su política policial y de nula integración.