¿El Gobierno plantea otra reforma de la Ley de Extranjería?

13 de mayo de 2002

UGT rechaza una nueva reforma de la Ley de Extranjería (posibilidad planteada por el presidente del Gobierno) y recuerda que el Ejecutivo se ha mostrado incapaz de gestionar el fenómeno de la inmigración y la integración de nuevos ciudadanos en este país. La inmigración se ha convertido en un tema de gran utilidad para el Gobierno, ya que le permite rehuir de sus responsabilidades y culpabilizar a estos trabajadores de los problemas de seguridad ciudadana y de economía sumergida. En este sentido, UGT se pregunta si el Gobierno se plantea renovar año tras año la Ley de extranjería para seguir desviando la atención de los problemas que tiene la sociedad española.

 

El Presidente del Gobierno ha anunciado que se está estudiando la posibilidad de reformar la Ley de Extranjería, una ley que el propio Gobierno promovió después de un tormentoso proceso de reforma. Ahora es el binomio inmigración y delincuencia el que se toma como justificación de un nuevo cambio de legislación.

La Ley de Extranjería actualmente en vigor fue producto de una reforma justificada por el Partido del Gobierno en la necesidad de controlar los flujos migratorios (control del que carecía, según ellos, la ley 4/2000 que había surgido, en un primer momento, del consenso de todos los grupos parlamentarios). Los argumentos utilizados en aquel momento sobre las bondades de la reforma, se han revelado falsos, y demuestran la incapacidad del Gobierno para gestionar adecuadamente el fenómeno migratorio.

Así, actualmente tenemos una ley que condena a la marginación, a la invisibilidad social y al trabajo irregular a miles de trabajadores inmigrantes, que no facilita la integración de los ciudadanos de diferente origen o nacionalidad y que ha fallado estrepitosamente en el control de flujos.

Por el contrario, el tema de la inmigración se ha revelado de gran utilidad para el Gobierno; nada más fácil, para rehuir la propia responsabilidad, que culpabilizar a los inmigrantes de los problemas de seguridad ciudadana o de las bolsas de economía sumergida. Ahora el binomio delincuencia-inmigración es el que aparentemente servirá de justificación a una nueva reforma. Un argumento que (como los utilizados hace dos años) es superficial y presenta y extiende en la sociedad española una visión negativa de la inmigración.

No han sido ajenas, desde el punto de vista de UGT, a este nuevo anuncio de reforma, las preocupantes noticias sobre el ascenso de partidos de ultraderecha en Europa, partidos cuyo ideario roza o se interna en la apología del racismo y la xenofobia. El Gobierno ha aprovechado la alarma social, para dejar entrever la necesidad de una nueva reforma que nos aleje de la posibilidad de que un partido de estas características surja en España. Nuevamente se culpabiliza a la inmigración.

No podemos dejar de preguntarnos cuál será el contenido de la nueva ley de inmigración que el Gobierno tiene en mente. Y si va a ser una constante en esta legislatura, tratar de desviar la atención de los problemas que tiene planteada la sociedad española reformando cada año la ley de extranjería. UGT rechaza este nuevo anuncio de reforma y recuerda al Gobierno que, entre otros motivos reales para reformar una ley que se ha demostrado incapaz de gestionar el fenómeno de la inmigración y la integración de los nuevos ciudadanos en este país, tiene sobre la mesa la resolución de la Organización Internacional del Trabajo sobre la necesidad de permitir la afiliación sindical a todos los trabajadores con independencia de su situación administrativa.

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