El Gobierno vulnera su propia Ley de Extranjería

El Gobierno está vulnerando su propia Ley al entorpecer el desarrollo del proceso de contingente, instrumento que regula los flujos migratorios laborales atendiendo las necesidades de contratación manifestadas por los empresarios y garantizando los derechos de los trabajadores. El anuncio del cierre del Régimen General para determinadas solicitudes es otra de las aplicaciones sesgadas de la normativa vigente, práctica que forma parte de la peculiar política migratoria de este Gobierno. UGT denuncia que esta política, incoherente y, a veces, irresponsable, lleva al Ejecutivo a no considerar contrario a Derecho expulsar a menores infractores y a sus familias en situación regular, o elegir la nacionalidad de los trabajadores que vengan a España.

UGT considera que un buen mecanismo de regulación de flujos como el contingente, puede encontrar sus mayores obstáculos en la propia política del Gobierno. Política incoherente que comete el error de vulnerar esa misma ley cuya aprobación constituyó un objetivo político para el Partido Popular. Cumplido el objetivo, parece que se ha olvidado hasta de cumplir su propia ley o en todo caso la aplica selectivamente, perjudicando siempre a los inmigrantes.

La LO 8/2000 incluye un articulo sobre actos discriminatorios. Parece que el Gobierno no se ha parado a pensar que permitir que los empresarios muestren su preferencia por trabajadores de una determinada nacionalidad, encuentra un fácil acomodo en los supuestos contemplados en ese articulo.

Y todas las garantías que el proceso de contingente ofrece a los trabajadores, desaparecen cuando hablamos de cierto tipo de trabajadores, que serán fundamentalmente mujeres. Aquellas que vengan destinadas a trabajar en el servicio domestico. Nuevamente la aplicación perversa de la ley produce diferencias entre trabajadores, y condena a quienes vengan destinados al sector de servicio domestico a un viaje provistos sólo de un visado, sin ninguna garantía de contratación y con un futuro incierto, mediante un sistema que beneficia exclusivamente a los empleadores.

El anuncio del cierre del Régimen General para determinadas solicitudes, no es más que otra de las aplicaciones sesgadas de la normativa vigente que conforman la peculiar política migratoria de este Gobierno. Un anuncio que perjudica al proceso de contingente, que indirectamente se ve puesto en cuestión porque este Gobierno sigue sin dar una solución a los inmigrantes que se encuentran en situación irregular en España. Solución que no puede ser la reiteración de procesos de regularización, que como ya se ha demostrado, no garantizan una situación laboral regular ni la integración en este país.

No es extraño, por tanto, que un buen mecanismo pueda ser pervertido por encontrarse inmerso en una política migratoria que aplica como mejor convenga la ley, hasta el punto de que no se considere contraria a derecho la idea de expulsar a menores infractores en situación regular junto con sus familias, o la de elegir la nacionalidad de los trabajadores que vengan a este país. Una política migratoria en la que conviven los discursos y las actuaciones contra la inmigración irregular con la interminable tramitación de los permisos, que no es más que una forma de perpetuar la situación irregular y el trabajo en la economía sumergida.

UGT no está dispuesta a permitir que un buen instrumento de regulación de flujos laborales se vea empañado por decisiones contrarias a los principios que animan el ámbito de las relaciones laborales. Con esta finalidad, y respecto a la elección de la nacionalidad de los trabajadores, llevaremos a cabo las actuaciones que consideremos oportunas.